Cotizar no es pagar más: es garantizar derechos

El sistema público de Seguridad Social ha vivido entre 2021 y 2023 una transformación profunda, negociada por los interlocutores sociales, orientada a reforzar su sostenibilidad y hacerlo más justo. De esas reformas surge una hoja de ruta que nos llevará hasta 2050, con el objetivo de garantizar la protección de las pensiones y prestaciones de las generaciones actuales y futuras. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado en su último informe que las medidas adoptadas en ese periodo han incrementado la pensión media y la tasa de reemplazo y, al mismo tiempo, se ha fortalecido el sistema público. Entre las personas autónomas, esta evolución se traduce en un modelo más equitativo: lo que hoy se negocia no es una subida de cuotas, sino una actualización de las bases de cotización dentro del acuerdo alcanzado en 2022, para que en 2032 todas las personas autónomas coticen de acuerdo con sus ingresos reales.

Conviene recordar que las personas trabajadoras autónomas realizan una aportación a la Seguridad Social, no un tributo, sino una contribución directa al sistema público que garantiza prestaciones como la jubilación, la maternidad y paternidad, la incapacidad o el cese de actividad.

El tipo de cotización es fijo —el 31,4% sobre la base elegida—, y lo que se debate ahora es cómo deben actualizarse las bases para alcanzar el objetivo acordado de igualar la base de cotización con los ingresos reales.

En 2018, una persona autónoma pagaba como mínimo 283,30 euros al mes, con independencia de lo que ganara. La propuesta actual del Gobierno, todavía en negociación, establece para el tramo más bajo —a partir de 2026— una cuota de 217,37 euros, que no superará aquella cifra de 2018 hasta 2030.

El problema de fondo es que se confunde, unos intencionadamente y otros por un grave desconocimiento impropio de los altos cargos que ocupan, el sistema impositivo con las contribuciones a la Seguridad Social. Y no son lo mismo. Las cotizaciones no son un impuesto, sino la aportación que cada persona realiza para su propia protección. Cotizar poco —o directamente no cotizar— significa que cuando llegue la hora de la verdad no habrá prestación suficiente: ni para una baja por maternidad, ni para una pensión de jubilación, ni para una incapacidad.

¿De verdad queremos que una madre cobre su prestación de maternidad sobre una base insuficiente de cotización? ¿O que una persona jubilada perciba una pensión calculada sobre bases que no reflejan su esfuerzo y trayectoria? Quien aporta por debajo de lo que realmente gana obtiene, inevitablemente, prestaciones más bajas. No es casual que muchas personas autónomas se quejen de no poder jubilarse con una pensión digna o de no poder permitirse enfermar. Este problema tiene que ver con cotizar sobre la base que corresponde a los ingresos reales, y eso es precisamente la senda que hemos comprometido hasta 2032, en cumplimiento de los acuerdos sociales y las recomendaciones del Pacto de Toledo, para que la base de cotización de cada persona autónoma, sobre la que se aplica el tipo fijo, se ajuste a lo que percibe.

Lo que está en juego es una cuestión ideológica: o se refuerza un sistema público de Seguridad Social, igualitario y redistributivo, o se deja espacio a los sistemas privados, que solo protegen a quienes pueden pagarlos.

El modelo de cotización por ingresos reales beneficia a todas las personas autónomas, especialmente a quienes menos ganan, porque les garantiza mejores prestaciones. Esa es la diferencia entre un sistema solidario y otro basado en la capacidad de pago.

No es casual que muchos colectivos, como la abogacía que optó por mutualidades profesionales, reclamen ahora incorporarse al RETA: han comprobado que solo el sistema público asegura dignidad y estabilidad. Por eso, cuando algunos intentan deslegitimar la reforma hablando de "sablazos", conviene recordar que los autónomos con menos ingresos pagan hoy menos que nunca, mientras los que más ganan deben empezar a contribuir en proporción a sus rendimientos. La AIReF estima, además, que el nuevo modelo incrementará la suficiencia y sostenibilidad del sistema hasta 2050, en un proceso gradual y pactado.

Desde UGT lo hemos defendido con claridad: cotizar no es una carga, es una conquista. Es lo que nos permite tener prestaciones dignas, seguridad y cohesión social.

El verdadero debate no es si se cotiza más o menos, sino si queremos una Seguridad Social fuerte, solidaria y sostenible, o si preferimos un modelo de "cada uno a lo suyo", donde quien puede pagarse un plan privado lo hace, y quien no puede se queda sin protección. Ese modelo ya lo conocemos. Y no queremos volver a él.