Subida de pensiones, límites a los desahucios o el bono eléctrico: las medidas que decaen tras el 'no' del Congreso al decreto ómnibus

El Pleno del Congreso de los Diputados ha derogado este martes el decreto ley del 'escudo social' y, con él, las medidas que incluía su articulado, que llevaban en vigor desde la pandemia. Los votos en contra del PP, Vox y Junts han tumbado el también llamado decreto ómnibus, cuya prórroga ya fue aprobada por el Gobierno en diciembre, pero debía recibir el visto bueno de los grupos para su convalidación definitiva. La subida de las pensiones, la limitación de los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad o el bono social eléctrico son algunas de las medidas que dejarán de estar en vigor tras esta primera derrota parlamentaria del año del Ejecutivo.

Así, la revalorización del 2,7% con carácter general de las pensiones ha quedado derogada para este 2026, a no ser que el Ejecutivo consiga presentar un texto alternativo que sí apoyen PP y Junts. La norma recogía igualmente las cuantías actualizadas de las pensiones, y establecía un tope de 3.359,60 euros al mes o de 47.034,40 euros al año. Se preveía también un aumento de las pensiones mínimas de entre un 7 y un 11,4% para este año, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo harían un 11,4%. En cuanto a las pensiones de vejez e invalidez, el decreto las subía un 7,07%, hasta los 599,60 euros al mes en el caso de las no concurrentes, y de 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación personas de más de 65 años que vivan solas se fijaba en 13.106,80 euros anuales (800 euros más que en 2025) y en los 17.592,40 euros (1.806 más que el año pasado), en los casos con cónyuge a cargo.

SMI, desahucios y bono eléctrico

Desaparece también de la normativa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aunque el Ministerio de Trabajo ya ha activado una orden para prorrogar el que estaba vigente en 2025 y evitar un vacío legal como el que se dio en 2025 ante una situación parecida a la vivida este martes. Además, se elimina la prohibición de que las empresas puedan despedir a sus trabajadores justificando el aumento de los costes energéticos.

El texto contemplaba la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026 para casos de especial vulnerabilidad y establecía que solo podrían llevarse a cabo con una valoración judicial. Ofrecía, asimismo, compensaciones a los propietarios por la renta no cobrada y los gastos corrientes no ingresados.

El decreto también renovaba automáticamente el bono social para ayudar a las personas más vulnerables en contexto de crisis energética, con descuentos de hasta el 57,5% en la factura de la luz para aquellos hogares más pobres. En ese contexto, se prohibían también los cortes de suministro hasta el 31 de diciembre de 2026.

Decaen las medidas financieras y fiscales para los afectados por la DANA y la reconstrucción de los municipios afectados, así como la prórroga de las exenciones en el IRPF a sociedades profesionales y empresas.

Cotizaciones y autónomos

El decreto ómnibus recogía de igual modo el marco general de cotizaciones para este año, actualizando las bases mínimas en función del SMI, fijando un tope máximo (5.101,20 euros al mes) e introduciendo un mecanismo de equidad intergeneracional del 0,9%. Añadía, asimismo, medidas específicas de cotización, como el reconocimiento de las profesiones de riesgo, con cotizaciones adicionales para bomberos y agentes forestales; o una actualización de la tarifa de primas por contingencias profesionales.

La norma congeló las cuotas de autónomos e incluía medidas fiscales, como la devolución de parte del exceso cotizado en casos de pluriactividad.

Fin a los incentivos para la transición y ayudas a la DANA

En cuanto a las medidas relacionadas con la transición verde, el decreto ampliaba las deducciones por vehículos eléctricos, puntos de recarga, instalaciones de autoconsumo y renovables térmicas que sustituyan fósiles. En esa línea, se ampliaba el incentivo fiscal por mejora de eficiencia energética en las viviendas. Además, se preveía una exención del IRPF a todas aquellas ayudas que se concedieran a los afectados por incendios forestales y otras emergencias.

Decaen las medidas financieras y fiscales para los afectados por la DANA y la reconstrucción de los municipios afectados, así como la prórroga de las exenciones en el IRPF a sociedades profesionales y empresas.

Por último, la financiación territorial mantenía las entregas a cuenta de 2025 y flexibilizaba el endeudamiento autonómico; con una medida específica para la Comunidad Valenciana por los daños de la DANA.