Renfe accede a dividir por zonas el servicio de autobús para su empresa participada pero primará compañías que puedan operar varias

Renfe ultima un nuevo pliego de condiciones que planteará a las empresas de autocar que quieran asociarse con ella para garantizarse en el largo plazo la disponibilidad de autobuses en los que trasladar a sus pasajeros cuando se interrumpa el servicio en tren que accede a la exigencia de las pymes del sector de que, en lugar de un solo contrato para todo el país, haya distintos lotes para prestar este servicio por zonas. Sin embargo, previsiblemente este nuevo criterio seguirá beneficiando a las empresas más grandes, porque la operadora también se plantea ofrecer una prima para las que puedan ofrecer cubrir varios lotes.

La posibilidad de dividir en lotes de servicio figura en las nuevas condiciones que Renfe espera poder presentar en los próximos días. Fuentes de la compañía apuntan a que la asociación con una -o varias, según la opción que abre- compañías de autobuses se haga para cubrir distintos lotes el servicio de autobús que requieren sus llamados Planes Alternativos de Transporte (PAT), para cuando el servicio ferroviario se interrumpe, bien por una incidencia inesperada, bien por una obra prevista de Adif, como las que Renfe espera que siga habiendo en gran cantidad en los próximos y que le lleva a calcular que necesitará hasta 300 autobuses diarios para llevar a sus pasajeros.

Esta solución permitiría en principio a más empresas prestar el servicio de autobuses que precisa Renfe, aunque las empresas asociadas Renfe de esta manera quedarían debilitadas dentro de la nueva sociedad. En a que en su diseño inicial una sola compañía tenía el 51% de la participación -frente al 49% de Renfe- y si entran más 'socias' para hacerse cargo de más lotes, el peso de cada una de ellas será inferior a ese 51% y quedará también por debajo del que seguirá reservándose la operadora ferroviaria.

Restricción de la competencia

Con la intención de cubrir esta demanda de autobús y la estimación de que así se ahorrará entre 90 y 130 millones en la próxima década, Renfe presentó el pasado marzo sus planes para constituir una empresa participada en la que tendría el 49% de las acciones y el 51% recaería en la empresa de autobuses que hubiera sido adjudicataria en un concurso público que preveía lanzar antes de que terminara el año. Sin embargo, el proceso quedó paralizado en julio, cuando el Tribunal Administrativo Central admitió un recurso que echó por tierra los requisitos fijados para asociarse a ella porque afectaban a la competencia. El Tribunal le dio la posibilidad de rehacer los pliegos y la nueva versión es la que se espera que presente Renfe en los próximos días.

Este fallo fue el resultado del recurso que presentaron contra los planes de Renfe las pequeñas y medianas empresas de autocar agrupadas en Direbús, que denuncian que solo una decena de las más de 2.000 empresas del sector podrían cumplir unos requisitos que dejaba fuera a la mayoría. El planteamiento ha levantado ampollas también dentro de la principal patronal, Confebus, donde conviven gigantes como Alsa y Avanza con muchas posibilidades de convertirse en socias de Renfe y pymes que tampoco ven opciones.

Como consecuencia del fallo del Tribunal -que depende del Ministerio de Hacienda-, Renfe reafirmó su intención de crear la empresa participada pero también que modificaría los pliegos para en los elementos señalados. Uno de ellos guarda relación con el plan inicial de Renfe de firmar un solo contrato con una sola compañía que se haría cargo de todos los autobuses que precisara la operadora en todo el país, en lugar de ir a un sistema de lotes.

Asimismo, Renfe también modificarán el resto de criterios de solvencia económica y financiera de las empresas que quieran asociarse a ella para garantizar los PAT. En principio, solo podrían aspirar a ello empresas con una flota de 500 autocares -o de 300 si se presentaban en consorcio- y con una facturación durante los tres años previos de 75 millones.

"Se constata que las elevadas cifras exigidas tanto para la solvencia económica y financiera, como para la técnica, tienen como fundamento la existencia de un único lote del contrato", determinó el Tribunal en julio, lo que "supone, de facto, una restricción clara de la concurrencia".