Problemas de GPS, falsas alertas, un trasvase de información cuestionable... son solo algunas de las múltiples incidencias que se detectaron durante casi un año con el sistema de pulseras antimaltrato, después de que el Ministerio de Igualdad adjudicara su gestión a una nueva empresa. Un cúmulo de fallos que tanto jueces, como trabajadores del servicio, asociaciones de víctimas y policías venían advirtiendo, pero que no ha salido a la luz hasta ahora, poniendo en entredicho un sistema ideado para mantener alejado al agresor. Por él han pasado más de 21.000 víctimas desde su creación, en 2009, y los profesionales defienden que, bien gestionado, es eficaz y necesario para proteger a las mujeres. En ese punto también hace hincapié Igualdad, que, al inicio de la polémica negó haber tenido constancia de los errores pero finalmente ha reconocido que mantuvo varias reuniones para abordar el asunto.

Durante casi 15 años, la UTE Telefónica-Securitas Direct fue la encargada de la gestión del denominado servicio Cometa. En 2023, no optó a la última licitación y se firmó una nueva con la UTE Vodafone-Securitas Seguridad España. El contrato de 42 millones de euros y entró en vigor en febrero de 2024. Tanto el programa informático como los aparatos tecnológicos tuvieron, por tanto, que cambiarse. Y lo que, en un principio se vio como una oportunidad de mejora y modernización, acabó siendo un caos, según las fuentes consultadas por 20minutos.

Una de esas fuentes es Gregorio Gómez Mata, de la asociación de víctimas ALMA, quien afirma que aquella transición se hizo de forma precipitada y sin asegurar, antes de sustituir todo el sistema, que efectivamente funcionaba. "Hicieron la prueba piloto directamente con las víctimas. Y eso es poner en riesgo la vida de las 4.500 mujeres que estaban con las pulseras", denuncia.

Hasta 1.000 alarmas a la vez

De ese riesgo han sido testigos directos los operadores de Cometa. Encargados de atender las alertas que generan los dispositivos, están en contacto tanto con las víctimas como con los agresores. El relato de muchos de ellos corrobora que la situación era desastrosa. Los fallos llegaron a provocar, durante los primeros meses de gestión de la nueva empresa, la acumulación en el panel de alertas de hasta 1.000 alarmas sin asignar. Esto llevaba a que, en contra de los protocolos, esos trabajadores tuvieran permiso para hacer lo que denominan reboots, es decir, reinicios en remoto.

"Al principio los hacíamos indiscriminadamente, cuando es algo que solo pueden hacer los técnicos con el usuario y la Policía delante. Pero los hacíamos porque muchas veces, tras el reinicio, la posición quedaba corregida, y en alguna ocasión daba un salto de hasta 24 kilómetros", señala a este diario uno de los empleados. Esa corrección de la que habla hace referencia a los problemas de geolocalización que han venido dando los aparatos, marcando falsas ubicaciones. "Nos llegaban señales de proximidad, pero al hacer la comprobación, el usuario estaba en su casa", cuenta otro operador.

En la otra cara de la moneda esos problemas de geolocalización han provocado situaciones aún más peligrosas: quebrantamientos de las órdenes de alejamiento que han quedado sin detectar. "Había víctimas que nos llamaban diciendo que tenían al agresor cerca y nosotros no teníamos ningún aviso. Eso ha pasado muchas veces", denuncia un tercer operador.

Los fallos técnicos no quedan ahí. Las quejas también se centran en las pulseras, compradas por el ministerio tras el cambio de operador y financiadas con fondos europeos. Estas se recargan con una batería externa, a diferencia de las anteriores, que tenían una pila que duraba entre seis y ocho meses y que emitía una señal a Cometa una semana antes de agotarse para que el agresor acudiese a una comisaría a cambiarla. Con las nuevas, son los propios maltratadores los responsables de mantener la batería externa, la pulsera y el móvil que va asociado a ella. Cuando el teléfono está al 20%, emite una aviso a la central pero la pulsera no; su carga no es controlada. "Solo cuando se queda a cero llega una señal de separación porque el móvil no la detecta", explican los operadores. Todo esto hace esos brazaletes más manipulables.

"Ahora está un poco más solventado el tema, pero los primeros meses fueron nefastos", añade el cofundador de la Asociación ALMA, que suma otro problema a la lista: muchas pulseras dejaban de funcionar si se mojaban, cuando que fueran sumergibles era una de las condiciones que recogía el pliego del concurso. Igualdad dice que este "problema" quedó resuelto a finales de 2024 y sostiene que en 2025 no se ha registrado "ninguna incidencia". El Gobierno defiende que, en todo caso, los fallos fueron residuales y que, de las 30 millones de geolocalizaciones diarias, solo se registran un 0,0004% de incidencias.

El relato del resto de actores, sin embargo, no dibuja un panorama tan residual y coinciden en atestiguar que con el sistema anterior no tuvieron tantos problemas. Carmen Gámiz, magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº6 de Madrid, comenta que antes no recibían tantas incidencias, aunque incluso acordaran más pulseras de las que ponen hoy: "Eran fallos, pero provocados por el hombre que quizás se quitaba la pulsera o no cargaba la batería… pero no porque el dispositivo en sí no funcionase bien".

Fallos en la migración de datos

Más allá de los fallos técnicos, el cambio de adjudicataria provocó otros errores cuyo impacto también se desconoce. La empresa saliente facilitó a la nueva la información que acumulaban las pulseras sobre la geolocalización de los agresores, y que luego en los juzgados sirven como prueba para demostrar el quebrantamiento de una orden de alejamiento. Pero lo hizo de forma encriptada, y durante al menos ocho meses, fue imposible acceder a esos miles de datos. Este es un hecho del que advirtieron jueces, magistrados e incluso entidades de víctimas, pero que no ha sido público hasta que hace unas semanas la Fiscalía lo puso de relieve en su última memoria. En ella habló de "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" por estas incidencias.

Igualdad minimiza también la dimensión de este asunto, y asegura que no hubo absoluciones y que, de haberlas, fueron muy pocas. Según contó la ministra, ha exigido las cifras a la Fiscalía y al CGPJ, sin haber recibido todavía respuesta, aunque desde el departamento de Ana Redondo sostienen que el Ministerio Público ha vertido una "valoración opinativa que no se corresponde con los datos".

El día de juicio no estaban disponibles los datos por el fallo en la migración y se le liberó al agresor

Una trabajadora de una Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Madrid confirma, por su parte, que sí reinó el caos en todo el periodo de transición. Apunta que los agentes no llegaron a tener constancia de algunos "cortes" que se produjeron como consecuencia de los trasvases de datos, generando en ellos la falsa sensación de que las víctimas que monitorizaban estaban a salvo, cuando lo que sucedía es que no se estaba actualizando la información. Asimismo cuenta que, como los dispositivos eran nuevos, tuvieron que cambiárselos a cada víctima y agresor por separado, y, aunque intentaron coordinar esa sustitución para poder hacerla a la vez en cada caso, hubo situaciones con "desfases de horas o días".

De todo este cúmulo de errores, las mayores damnificadas fueron las víctimas. La agente de la UFAM recuerda un caso en el que una de las mujeres les llamó varias veces contando que tanto ella como su entorno habían visto a su agresor por la zona en la que vivía y que, sin embargo, no le había pitado el dispositivo. "A ese señor se le detuvo. Pero como no hubo forma de demostrar ese quebrantamiento, porque el día de juicio no estaban disponibles los datos por el fallo en la migración, se le liberó", explica la agente. Ese hombre fue condenado por violencia de género, pero la pena podría haberse agravado por la violación de la orden de alejamiento.

Los jueces, más reticentes

Los datos muestran que estos fallos provocaron igualmente un cierto frenazo en los juzgados a la hora de acordar la imposición de una pulsera de control telemático. La diferencia, en términos absolutos, no es significativa, pero hay que tener en cuenta que desde finales de 2023 pasó a incluirse en esta medida de protección a las víctimas de violencia sexual, y no solo a las mujeres que habían sufrido malos tratos por parte de sus parejas o exparejas. "Hasta enero de 2024 teníamos registrado un crecimiento explosivo en la utilización de las pulseras, que prácticamente se había duplicado desde 2021. Sin embargo, desde enero de 2024 no ha aumentado, sino más bien al contrario", señala Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. El Boletín Estadístico del Ministerio de Igualdad demuestra esa tendencia: el tope de dispositivos instalados se alcanzó en enero del año pasado (4.637). En el mismo mes de 2025 había activas casi un centenar menos (4.549).

"Indirectamente, sí que somos más reacios a imponer esta medida si va a dar más problemas que beneficios. Si va a poner a la víctima sobre alerta innecesariamente, al final causa más perturbación. A veces nos hemos podido retener un poco, porque al final velamos por ellas", asegura la magistrada de Violencia de Género Carmen Gámiz.

El perjuicio para las víctimas

Algo parecido ocurre con las propias víctimas. En un acta de una comisión de seguimiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada, se pone de manifiesto que la Guardia Civil advirtió de "un número" ellas "que se sienten desprotegidas" y que habían comunicado "de manera reiterada" el "perjuicio" que les estaba suponiendo llevar un dispositivo que daba errores. En el documento relatan incluso que algunas se plantearon renunciar él, "llegando a entregarlo en sede judicial".

Porque, aunque Igualdad reitere una y otra vez que ninguna víctima ha sido asesinada portando una de estas pulseras, las diferente fuentes consultadas afirman que sí ha llegado a haber agresiones, verbales en muchos casos, pero también físicas. Asimismo, estas mujeres se han sentido expuestas y vulnerables. Que las alarmas salten de forma incesante, aún cuando el agresor no está cerca, es, para ellas, un motor de angustia. En una de las unidades policiales cuentan que tuvieron el caso de una mujer a la que le sonaba continuamente el aparato. "Estaba agobiada y nos llamó diciendo que esa noche le había sonado cuatro o cinco veces. Esto a ellas les genera mucha ansiedad, porque en teoría significa que el agresor se está acercando. Hicimos las gestiones y resultó que el señor tenía el dispositivo estropeado", recuerdan desde la UFAM.

Reuniones con Igualdad

Esta crisis ha puesto en el punto de mira a un ministerio que en un primer momento negó tener conocimiento de lo que ahora se sabe que era un secreto a voces, una versión que los trabajadores de Cometa contradicen. Aseguran que, tras haberse quejado insistentemente a la empresa, en diciembre de 2024 mantuvieron una primera reunión con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. "Entonces admitieron los fallos", recuerda uno de los operadores, que lamenta que no se tomaron medidas. A ese encuentro le siguieron otros dos, en febrero y en marzo, y al cuarto, celebrado en mayo, acudió la propia ministra Ana Redondo. La delegada, Carmen Martínez Perza, acabó admitiendo, el jueves, que se creó un "grupo de trabajo técnico" para resolver esta cuestión, en el que también estuvo presente Telefónica, lo que evidencia que sí eran conscientes de la magnitud del problema.

También desde la Justicia se transmitió a las administraciones que el sistema no funcionaba adecuadamente. Juzgados de Granada, Málaga, Tarragona, Barcelona... expusieron el tema en sus respectivas Comisiones Provinciales de Coordinación contra la Violencia de Género, órganos en los que está representado el Gobierno central.

Vodafone por su parte solicitó antes del verano a su proveedor, Oysta Spain, que le suministrara pulseras con un grado superior de resistencia al agua al estipulado en el contrato, para evitar los fallos que se estaban detectando. Esta petición la cursó a raíz de ponerse de manifiesto en una comisión de seguimiento, en la que participaban, entre otros, representantes de la empresa y de Igualdad, que se habían detectado fallos si se metían en el agua los dispositivos durante mucho tiempo, según han informado a Efe fuentes de la compañía. Este diario ha intentado sin éxito obtener declaraciones de las empresas implicadas para conocer su versión sobre toda esta situación.

Un buen sistema de protección

Pese a todo lo sucedido, son muchas las voces que defienden que las pulseras antimaltrato son un buen sistema de protección. España fue pionera en instalarlo en Europa y ha recibido la visita de delegaciones de otros países de nuestro entorno para seguir el ejemplo. Mientras aquí lleva desde 2009, en otros países como Francia lo instalaron hace cinco años.

"Confiamos en un sistema que sabemos que es incómodo, pero funciona. Que Igualdad no haya dado la información, lo único que ha hecho es alimentar la sospecha. No hay que poner en duda que la incidencia ya está solucionada.. pero el mal funcionamiento del sistema ha dejado al menos un rastro judicial", indica la presidenta de la Fundación Mujeres.

En aras de intentar mejorar el servicio, el ministerio va a incluir una serie de medidas en el pliego de licitación que está elaborando de cara al nuevo concurso público. El contrato con Vodafone-Securitas Seguridad España finaliza el 16 de mayo de 2026. Martínez Perza recordó en el Congreso que ya en la última licitación se instauró un nuevo modelo "mejorado", y "mucho más público", `porque que hasta ese momento los dispositivos se alquilaban y la app dependía de la adjudicataria. Ahora, explicó, están trabajando en "mejoras técnicas", como una aplicación de consulta a tiempo real para la geolocalización de las víctimas desde la Delegación o la implantación de un "módulo de quejas".

"Las pulseras facilitan mucho las cosas porque evitan muchos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. Es una medida disuasoria mucho mayor", apunta la agente de la UFAM, que remarca que ninguna mujer que llevase el aparato ha sido asesinada: "Eso es cierto. Pero siempre y cuando funcionen bien y no den este tipo de errores".