El juez indagará hoy en la supuesta infiltración de la trama de hidrocarburos en varios ministerios del Gobierno

El magistrado Santiago Pedraz recibió en diciembre información relevante de la Guardia Civil sobre la infiltración de la trama de los hidrocarburos en distintos ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez. A partir de este miércoles, el instructor de la Audiencia Nacional se dispone a tirar del hilo de aquellas informaciones. Para ello, ha citado a declarar a varios testigos: dos exjefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto; el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas; y la empresaria Carmen Pano, la misma que afirma haber entregado 90.000 euros en metálico en Ferraz.

El informe de la UCO los mencionaba a todos ellos y relataba como la organización criminal compró la "voluntad" de José Luis Ábalos para que ejerciera "su influencia" en el Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica. El objetivo: lograr que la mercantil Villafuel SL obtuviera la licencia de operador hidrocarburos. En la consecución de este propósito, los miembros de la trama contactaron con el exjefe de gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart y con quien fuera su homólogo en Transición Ecológica, Marc Isaac Pons.

Los pagos a Ábalos y a su exasesor Koldo García fueron diversos. Entre ellos hay entregas de dinero en efectivo; la compra de un chalet en La Alcaidesa para el exministro de Transportes; y el contrato de trabajo que se concedió a Koldo García en la mercantil Instalibero District SL, sin que conste que el exasesor prestara servicios. La UCO fijó en "aproximadamente un millón de euros" el desembolso con el que la trama logró "comprar la voluntad" del exministro de Transportes, que actualmente se encuentra en prisión.

También hubo pagos de Claudio Rivas a Víctor de Aldama, que fue la conexión de la trama con el titular de Transportes. El comisionista percibió más de 292.000 euros de la empresa Have Got Time SL por su intermediación.

La operación arrancó el 19 de diciembre de 2020, cuando Rivas contactó a Aldama a través de Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano. La trama encargó al comisionista del caso Koldo que mediara con Ábalos y él aceptó el encargo, tal y como muestran los mensajes de teléfono intervenidos: "Okkkkk lo tengo fácil jajajajajjaja tendría que ver cuanto pagan para ver si interesa mover todo (sic)".

De inmediato se pusieron sobre la mesa las posibles contraprestaciones económicas a Ábalos, y Koldo García se encargó de dinamizar los contactos con Díaz Bidart. El 28 de diciembre se produjo una primera reunión con el Ministerio de Industria, que resultó no ser el competente para asignar la licencia que buscaba Claudio Rivas.

Más adelante, en abril y julio de 2021, Koldo García medió con Isaac Pons después de que Villafuel pasara por algunas dificultades en la tramitación de la licencia por "la falta de acreditación de la capacidad financiera" de la empresa.

De acuerdo con la UCO, en junio del 2021 la organización criminal empezó a pensar que Ábalos tendría "éxito" en su influencia, por lo que se ordenó "activar el pago de las contraprestaciones económicas pactadas". Se formalizó entonces la compra del chalet "elegido por José Luis Ábalos" y se enviaron dos transferencias —292.416,66 euros— a la empresa de Aldama MTM 180 Capital SL.

El informe recoge una conversación en la que Leonor González Pano dice: "ya es oficial, ya tenemos el título de la operador". Su interlocutor, Natán González, contesta: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito (sic)".

Se trata de una alusión al chalet de La Alcaidesa, por el que la empresa instrumental de Rivas, Have Got Time SL, pagó 585.000 euros. La Guardia Civil destaca que "el ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico". Para ello, se fingió un contrato de alquiler "cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza".

Por otro lado, la UCO ha determinado que el 27 de diciembre de 2021 Rivas entregó dinero en efectivo a Aldama, a través de la empresaria Carmen Pano, que a su vez se llevó 5.000 euros por la operación.

Tres días de testificales

El magistrado Santiago Pedraz se encarga de investigar esta supuesta organización criminal que logró acceder por estos medios al mercado de hidrocarburos y, como otras organizaciones similares, se dedicó a defraudar a Hacienda evitando pagar el IVA de sus operaciones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tomará declaración como testigos a Bidart y Pons a partir de las 10.15 horas del miércoles. Después tomará declaración como imputado a Claudio Rivas, el supuesto cabecilla de la trama vinculada a la empresa Villafuel.

El jueves, Pedraz tomará declaración a los imputados Víctor de Aldama, Carmen Pano y Leonor González Pano. Lo hará a partir de las 10.00 horas. El viernes, el juez escuchará a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y al empresario Manuel Salles. También a Álvaro Gallego, relacionado con el pago de 108.500 euros. Los tres comparecerán en calidad de testigos.

Manuel García aparece citado en el informe de la UCO por un contacto que mantuvo con Aldama en relación a la concesión de la licencia a Villafuel. No obstante, el intercambio de mensajes entre ambos se produjo a través de la aplicación WeChat, lo que ha hecho imposible recuperar el contenido de la conversación.

El papel de Salles está más definido en las investigaciones del Instituto Armado. Salles era propietario de una compañía llamada Instalibero District SL que contrató a Koldo García en enero de 2022 con un sueldo de 1.950,50 euros al mes. Salles, socio de Rivas, intervino también en conversaciones con García de cara a la obtención de un inmueble para Ábalos en Madrid.