Doble ofensiva judicial del PP contra el plan del Gobierno para reubicar a menores migrantes a finales de agosto

Después de que once comunidades autónomas gobernadas por el PP presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan del Gobierno para reubicar a casi 4.000 menores migrantes —alegando que invade sus competencias—, la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana, dos de las comunidades que más menores tienen que acoger, han dado un paso más y han recurrido ante el Tribunal Supremo el reglamento que articula ese plan. La semana pasada, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó un recurso para intentar frenar el traslado por la vía del Supremo, una ofensiva a la que se ha sumado ahora el Gobierno valenciano de Carlos Mazón. Todo ello, a menos de un mes de que comiencen los traslados de estos menores desde Canarias a la Península.

La doble ofensiva consiste en dos vías diferenciadas. Por un lado, las comunidades del PP recurrieron al Constitucional el decreto ley que convalidó el Congreso el pasado mes de abril con "medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias". Este decreto, que reforma la ley de extranjería, fue el primer paso para poder hacer obligatoria la reubicación por la Península de los casi 4.000 menores migrantes que se encuentran en centros de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los cuales se encuentran sobresaturados.

El argumento que esgrimen las autonomías gobernadas por los populares que rechazan este plan es que el decreto ley invade sus competencias, de ahí que acudan al tribunal de garantías, que es el que dirime este tipo de cuestiones. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido aún tiene pendiente resolver esos recursos.

Ahora, las comunidades han comenzado a acudir al Tribunal Supremo para impugnar el decreto que desarrolla el cumplimiento del decreto ley de abril y que ya establece los criterios para dar comienzo a las reubicaciones de menores el próximo 28 de agosto. Este nuevo texto fue aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros del curso político y aterriza los detalles de la reforma de la ley de extranjería, concretando tanto los pasos que deberán seguirse antes y después de cada traslado como el papel que tendrá cada administración en ese proceso.

Según este último decreto, la distribución deberá comenzar por las comunidades autónomas a las que corresponda un mayor porcentaje de traslados. El Gobierno ya cerró las cifras definitivas, una vez ponderados los "criterios objetivos" que han utilizado para calcular a cuántos menores debe acoger cada autonomía para aliviar la situación de los territorios más sobrecargados, y que tienen en cuenta factores como la población, el PIB, el paro, la dispersión territorial o el "esfuerzo previo", entre otros.

Según esos criterios, Andalucía es la comunidad a la que se le ha asignado un mayor número de menores (677), seguida de Madrid (647), y Comunidad Valenciana (571). En cambio, el Ejecutivo dejó fuera del reparto a Cataluña y País Vasco alegando su "esfuerzo previo" en la acogida de los últimos años. De este modo, y siempre según el protocolo que establece el último decreto, serán Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana las tres primeras en recibir a parte de los 3.975 menores migrantes.

En todo caso, el Gobierno aprobará otro documento con cifras definitivas de los traslados y la financiación que recibirá cada comunidad en el primer Consejo de Ministros del curso, que se celebrará el 26 de agosto. Tan solo dos días después, el 28 de agosto, será cuando empiecen los traslados, empezando por las citadas tres comunidades. El proceso será progresivo, a lo largo del próximo año y, ante el rechazo frontal de las comunidades del PP de llevarlo a cabo, el Gobierno ya ha amenazado con ir a la Fiscalía en el caso de que estas se nieguen.

Precisamente, en la última rueda de prensa que ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de emprender sus vacaciones veraniegas, advirtió de que las comunidades que no cumplan la ley que establece el reparto de menores migrantes tendrán que atenerse a las "consecuencias".

Recurrirán "cada paso" del Gobierno

De momento, parece que el plan de las comunidades populares pasa por la ofensiva judicial. En el caso de la Generalitat, que este martes autorizó interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el último decreto del Gobierno, ya ha avanzado que recurrirá "cada paso" que de el Ejecutivo. Alegan que los 7,4 millones de euros que ha aprobado el Gobierno para la acogida de los menores por parte de su Administración es insuficiente y "rompe con el principio de autonomía financiera".

"Cada acto administrativo que complemente o que vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados. Cada paso que dé el Gobierno, lo vamos a recurrir. En este caso tiene que ser contencioso-administrativo, por el tipo de desarrollo que es", señaló este martes la consellera de Servicios Sociales de la Generalitat, Susana Camarero.

El Gobierno activa la acogida de menores solicitantes de asilo

Por su parte, el Gobierno central comenzará este lunes con la acogida de menores migrantes solicitantes de asilo en recursos estatales, en cumplimiento con la orden dictada por el Tribunal Supremo tras solicitarlo Canarias. Fuentes del Ejecutivo trasladan que la semana que viene un grupo de ocho menores llegarán a la Península, la gran mayoría, procedentes de Malí y con un perfil altamente vulnerable. A partir de entonces, los traslados serán semanales.

En cuanto a su ubicación, estas fuentes señalan que se están analizando con las asociaciones para comenzar con los traslados, y aunque no se ha concretado nada de momento, estas fuentes precisan que se priorizarán los recursos pequeños. Además, durante las pasadas semanas ya se completaron los primeros traslados al centro de acogida y derivación Canarias 50 (Las Palmas), dependiente del Estado, a partir de los listados remitidos por el Gobierno canario, con un total de 141 menores.

Para crear las 1.200 plazas necesarias para el asilo de estos menores y cumplir así con el auto del Supremo, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros. Migraciones puso sobre la mesa un total de 750 plazas, que se están concretando en la actualidad con las entidades para que estén disponibles "de forma inmediata".