Secretos oficiales, mordaza, cine o familias: el Congreso inicia 2026 con decenas de iniciativas varadas

La inestabilidad parlamentaria y la falta de impulso político del Gobierno mantienen decenas de iniciativas a medio tramitar en los cajones del Congreso. El año 2026 comienza con multitud de proyectos y proposiciones de ley atascados en diferentes puntos de su tramitación, y entre ellos se encuentran varios de los principales asuntos pendientes del Ejecutivo no solo desde el inicio de la legislatura, sino incluso desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. La reforma de la ley mordaza quizá sea el más relevante, pero la nueva ley de secretos oficiales, la ley del cine, la ley de familias o la regularización extraordinaria de los inmigrantes en situación irregular también duermen en un cajón desde hace meses a la espera de ser desbloqueados.

Si la reforma de la ley de seguridad ciudadana es la iniciativa más clásica de este tipo de repasos legislativos de cada nuevo año es porque Sánchez no ha sido capaz de derogar la norma aprobada en 2015 por el PP pese a que prometió hacerlo antes incluso de asumir la jefatura del Gobierno. El pasado julio, la ley mordaza cumplió diez años de vigencia, y ahora mismo lleva en vigor más tiempo con el Ejecutivo de Sánchez que con el anterior de Mariano Rajoy. La legislatura pasada, el texto estuvo a punto de ser modificado, pero ERC y EH Bildu torpedearon la reforma en el último momento argumentando que no incluía algunas de sus exigencias.

En octubre de 2024, el Gobierno pactó con EH Bildu retomar esta asignatura pendiente, un acuerdo al que posteriormente se sumaron otras formaciones. El PSOE se comprometió a retirar "gradualmente" las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad, mientras Bildu y ERC aceptaron un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que, incluso, el que los socialistas les ofrecían hace un año y medio. La proposición de ley superó rápidamente los primeros obstáculos parlamentarios. No obstante, en 2025 su tramitación se ha estancado por los choques entre los partidos que son imprescindibles para sacar la norma adelante.

Podemos, por ejemplo, considera poco ambicioso el texto inicial en lo referente a las devoluciones en caliente o el material antidisturbios. Junts es una incógnita permanente, y más después de haber declarado la ruptura de relaciones con el Gobierno. Y PNV y EH Bildu, por su parte, mantienen un importante pulso en torno a una norma que para ellos es clave: los primeros creen que el texto que se está tramitando suaviza en exceso los artículos referentes a la desobediencia y las faltas de respeto a los agentes de la autoridad, mientras los abertzale apuestan por esa redacción porque estos artículos son de los que más se han utilizado para multar a ciudadanos.

Secretos, familias, cine... y regularización de inmigrantes

Otra de las leyes que lleva años y años cogiendo polvo en los cajones del Congreso es la de secretos oficiales, una reclamación histórica de partidos como el PNV que el Gobierno no se ha decidido a aprobar, pese a que en los últimos años ha hecho varios amagos. Los nacionalistas vascos registraron al inicio de la legislatura su propia proposición de ley, que fue tomada en consideración rápidamente pero cuya tramitación está congelada desde marzo de 2024. El Ejecutivo, por su parte, presentó al Congreso el pasado julio su propio proyecto, que establecía 60 años como el periodo máximo que un documento podría ser secreto. No obstante, desde entonces esa iniciativa no ha registrado ningún tipo de avance.

En la misma situación se encuentra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conocida como ley Bolaños, que el Gobierno comenzó a tramitar en octubre pero que no se ha movido desde entonces tras haber provocado una agria reacción de jueces y fiscales y de algunos de los socios del propio Gobierno. Las dos grandes novedades de la reforma, presentada por el Ministerio de Justicia como un intento de adaptar el sistema español al del resto de los países europeos, son la atribución de la investigación penal a los fiscales y la limitación de la acusación popular: la primera de las medidas no convence a algunos sectores de la justicia, mientras la segunda ha sido criticada por partidos como Sumar.

Igualmente atascada está la tramitación de la ley de familias, aunque desde hace mucho más tiempo que la ley Bolaños. La iniciativa promovida por el Ministerio de Derechos Sociales se encuentra congelada desde nada menos que marzo de 2024, y eso teniendo solo en cuenta esta legislatura, puesto que la norma fue inicialmente diseñada en el anterior mandato, cuando la ministra era la líder de Podemos, Ione Belarra, pero decayó por la convocatoria de las elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023. Para compensar la paralización de esta ley de familias, el Gobierno ha ido aprobando por decreto algunas medidas que iban a estar contenidas en ella: hace unos meses, se amplió hasta 17 semanas el permiso por nacimiento y también se aprobó retribuir dos de las ocho semanas de las que consta el permiso de cuidados de menores de hasta ocho años.

La ley del cine es otro de los proyectos cuya tramitación procede de la anterior legislatura y que no acaba de cerrarse. Remitida al Congreso en septiembre de 2024 por el Gobierno, la norma —que pretende regular las ayudas al sector, la cuota de cine comunitario que deben exhibir las salas o el tiempo que los cines podrán exhibir una película en exclusiva antes de pasar a las plataformas— no ha registrado avances ante la fragmentación parlamentaria, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió hace unas semanas al PP su apoyo sin éxito.

La última de las grandes promesas que el Gobierno tiene pendientes de cara a 2026 es la regularización de más de medio millón de inmigrantes que ya residen y trabajan en España, pero lo hacen en situación irregular. La iniciativa, promovida por más de 700.000 ciudadanos con sus firmas, lleva en el Congreso más de un año y fue tomada en consideración incluso con los votos del PP, pero las diferencias sobre cómo de amplio debe ser el criterio a utilizar a la hora de otorgar los papeles la mantienen bloqueada. Y eso que, en puridad, al Ejecutivo no le hace falta recibir la luz verde de la Cámara Baja para iniciar el procedimiento de regularización: bastaría con que lo aprobase en Consejo de Ministros, como se ha hecho en varias ocasiones desde el inicio de la democracia.