Conde-Pumpido pone en marcha su estrategia para atar la amnistía a Puigdemont en octubre

El presidente del Tribunal Constitucional lo ha dejado todo dispuesto para que el Pleno del próximo 6 de octubre suponga el paso definitivo en la aplicación de la amnistía al expresident Carles Puigdemont. Todas las fuentes del órgano de garantías consultadas por este periódico dan por sentado que el Pleno forzará al Tribunal Supremo a aplicar la medida de gracia al líder de Junts, fugado de España desde hace nueve años. El interrogante que ahora se empieza a disipar es cuánto tardará en suceder este acontecimiento.

Este martes, los magistrados del Constitucional presenciaron una decisión del presidente Cándido Conde-Pumpido que parece enfocada a acelerar los plazos y dejar atada la amnistía a Puigdemont en el próximo mes de octubre, según apuntan varias fuentes del tribunal.

En el Pleno del martes se abordó por primera vez uno de los recursos de amparo sobre la amnistía, el del exconseller Jordi Turull. El magistrado conservador José María Macías era el ponente: el encargado de redactar el texto que, de obtener el apoyo de la mayoría de los magistrados, se convierte en sentencia. Ni siquiera se produjo la votación. Los siete magistrados progresistas verbalizaron su rechazo a la propuesta de Macías porque planteaba desestimar el recurso de Turull y respaldar la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía.

Llegado este momento, el ponente tenía dos opciones: renunciar a la ponencia y dejar que Conde-Pumpido escogiese a un nuevo magistrado para redactarla, o elaborarla él mismo, reflejando en ella el criterio mayoritario del Pleno. Macías se decantó por esta segunda opción, de modo que presentará un nuevo texto en el Pleno del próximo 6 de octubre. Sin embargo, el presidente Conde-Pumpido ha incluido también en el orden del día de ese Pleno el debate sobre el recurso de la exconsellera Dolors Bassa, cuya ponencia debe redactar él mismo.

Varias fuentes del órgano de garantías tildan este movimiento de "poco habitual" y exponen que lo común cuando se deben abordar varios recursos sobre un mismo asunto es que se espacien en Plenos sucesivos. Hay un factor clave para entender este movimiento del presidente del Constitucional, según exponen fuentes del tribunal. Al presentar paralelamente su propia ponencia, Conde-Pumpido se asegura de que el próximo 6 de octubre se apruebe una sentencia del Constitucional que sirva como "doctrina" clara para que el Tribunal Supremo se vea obligado a aplicar la amnistía a todos los condenados y encausados por la malversación del procés, no solo a Dolors Bassa y Jordi Turull.

De acuerdo con las mencionadas fuentes, el presidente del TC no se "fía" de que el texto de Macías, por mucho que deba proponer amnistiar a Turull, sea lo suficientemente claro como para que la doctrina obligue al instructor del Supremo Pablo Llarena a amnistiar a Carles Puigdemont.

De acuerdo con fuentes del órgano de garantías, Conde-Pumpido podría haber optado por "presentar propuestas de adición o modificación" al texto que vaya a presentar José María Macías. "Pero en lugar de hacerlo así, como habitualmente, lo que decide es enviar otra alternativa para asegurar que tendrá los votos sin modificar una línea", exponen.

En definitiva, Conde-Pumpido tiene asegurado con esta fórmula que el 6 de octubre la mayoría progresista aprobará una doctrina de su puño y letra que no deje más opción que la de aplicar ya la amnistía a Carles Puigdemont. Esa es al menos su intención, según trasladan miembros del Constitucional.

El debate de fondo

Por mucho que haya varios recursos de amparo pendientes de resolución en el Constitucional, todos ellos impugnan una cuestión esencial. Todos los líderes independentistas denuncian que el Tribunal Supremo vulneró sus derechos fundamentales cuando interpretó cómo debía aplicarse la amnistía al delito de malversación.

La aprobación de la ley de amnistía en mayo de 2024 estuvo precedida de unas extensas y arduas negociaciones entre el PSOE y Junts. La clave de esas negociaciones era delimitar el alcance de la medida de gracia para lograr dos objetivos: que se aplicara a todos los involucrados en causas penales vinculadas al procés y que la norma pasara el filtro de constitucionalidad y concordancia con el derecho europeo.

Uno de los puntos claves en la redacción de la norma fue el relativo al delito de malversación, por el que aún está encausado Carles Puigdemont. Con este doble objetivo en la cabeza, los legisladores establecieron en la norma que serían amnistiables todos los delitos de malversación del procés siempre que no se cometieran con el propósito de obtener "un beneficio personal de carácter patrimonial".

Tanto la Sala de lo Penal como el instructor Pablo Llarena analizaron el texto legal y estimaron que, de acuerdo con los límites establecidos por la propia norma, la malversación del procés no es amnistiable. La tesis del alto tribunal es que los líderes independentistas persiguieron obtener un "beneficio personal de carácter patrimonial" en tanto que usaron fondos públicos para financiar el referéndum ilegal, y eso les eximió de financiarlo con su propio patrimonio.

"La ventaja económica no está en recibir el precio, sino en evitar el desembolso necesario para obtener lo que se ha decidido adquirir", expuso el Supremo. Esa consideración llevó al tribunal a establecer que ni Carles Puigdemont ni el resto de procesados y encausados por malversar fondos públicos debían ser amnistiados.

Este próximo mes de octubre, cuando se cumplen nueve años del referéndum del 1-O y de la fuga de Carles Puigdemont tras declarar la independencia de Cataluña, el Tribunal Constitucional enmendará la interpretación del Supremo y permitirá con su decisión el regreso del expresident catalán, según aseguran fuentes jurídicas. Todo ello coincidirá con la recta final de una legislatura que nació precisamente gracias al apoyo de Junts y bajo el compromiso de impulsar la ley de amnistía. Una norma que finalmente se hará efectiva según lo previsto por el Gobierno y la formación independentista.