Moncloa dice que cumplirá la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos' pero ve difícil sacar a todos del censo a mes y medio del 29N

El Gobierno no tiene otro remedio que acatar la decisión del Tribunal Supremo que mantiene suspendido el derecho a voto a miles de nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', pero deja claro que todavía no sabe cómo hacerlo. Fuentes de Moncloa alegan que ven "complejísimo" identificar quiénes están afectados y separar sus inscripciones de las del resto de españoles residentes en el extranjero. "Se hará. ¿Cómo? Lo estamos mirando. Veremos qué triple salto mortal", señalan fuentes de Presidencia, donde consideran que con las elecciones del 29 de noviembre ya convocadas será muy complicado revisar y depurar el censo a tiempo. De hecho, en Moncloa no esconden su malestar por la resolución del Tribunal Supremo, que consideran que "restringe" el derecho a voto.

La misma, comunicada este lunes, afecta a 163.020 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según los datos que el propio Gobierno trasladó al tribunal. El Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado —la Fiscalía también había pedido levantar la medida— y mantuvo la suspensión cautelar acordada en septiembre. La orden afecta tanto a quienes todavía no habían sido inscritos como a quienes ya figuraban en el censo: estos últimos no podrán votar salvo que obtengan de su consulado un certificado que acredite que cumplen los requisitos de la Ley de Memoria Democrática, es decir, que acrediten que el exilio de sus antepasados se produjo por motivos políticos. El tribunal ha dado cinco días a los afectados para personarse y presentar alegaciones.

En Moncloa aseguran que el proceso para localizar a determinados afectados será "complejísimo" a nivel administrativo, puesto que alegan que los consulados en países como Argentina o Cuba tendrían que revisar documentación de forma manual, uno a uno, y el tiempo corre en su contra.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó este martes la situación de "extraordinaria gravedad" y defendió que "el derecho a voto en una democracia se garantiza, no se restringe". El Ejecutivo subraya que algunos de los afectados ya habían votado en procesos anteriores. El malestar va más allá de la dificultad administrativa: el Gobierno plantea que la medida puede dejar sin votar a ciudadanos que ya habían ejercido ese derecho.

Además, también denuncia que la polémica se está utilizando para extender sospechas de fraude electoral. "Es trumpismo a costa del derecho al voto de españoles", resume un miembro del Gobierno, que considera "gravísimo" que se introduzca el concepto de pucherazo. La resolución mantiene una medida cautelar por las dudas sobre la composición y la trazabilidad del censo, pero no declara que haya existido fraude. La disputa se ha convertido así en otro frente político de la precampaña: PP y Vox apelan a la limpieza del censo, mientras el Gobierno denuncia que se cuestiona el derecho al voto de los descendientes de exiliados.

El argumentario del Gobierno también apunta a que el número de sufragios tampoco tendría capacidad real de alterar el resultado del 29N. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, distinguió este martes entre las 160.000 personas afectadas y quienes previsiblemente acudirían a las urnas. Si votara entre el 20% y el 30%, según su estimación a partir de la participación histórica del electorado en el exterior, serían alrededor de 30.000 papeletas. "Todos somos conscientes de que esto no va a alterar para nada el resultado de las elecciones", afirmó.

No obstante, la vía para revertir la decisión no está nada clara para el Ejecutivo, que no puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En Moncloa sostienen que la Abogacía del Estado no está legitimada para hacerlo y que esa opción corresponde a los afectados, una vez presenten sus alegaciones ante el Supremo. El Gobierno espera que el Constitucional pueda pronunciarse antes del 29-N, aunque reconocen que los tiempos son reducidos.

A esto se suma la dificultad práctica de aplicar la orden: los consulados tendrán que revisar los expedientes uno a uno, porque los registros no siempre indican por qué vía obtuvo cada persona la nacionalidad. En definitiva, el Ejecutivo debe cumplir la resolución, pero advierte de que aún no sabe cómo hacerlo y tampoco puede dejarla en suspenso por su cuenta.