El TC despejará esta semana el regreso de Puigdemont tras la estocada de Junts al Gobierno y en pleno ambiente preelectoral
El Tribunal Constitucional pondrá fin esta semana al camino emprendido por Pedro Sánchez al comienzo de la legislatura, cuando prometió la amnistía al procés a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts que le auparon al Palacio de la Moncloa y que este mismo viernes negaron su apoyo a los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Gracias a la decisión que el Constitucional tomará este martes, Carles Puigdemont verá allanado el camino para regresar a España, lo que podría ocurrir este mismo octubre, tal y como exponen fuentes del órgano de garantías. El fallo del TC llega en un momento políticamente delicado, después de que Junts haya dejado al Gobierno en un grave aprieto en el Congreso, hasta el punto planear la posibilidad de un adelanto electoral. Si Sánchez tomara esta determinación, Puigdemont irrumpiría en plena campaña.
Durante el Pleno de este martes en el Constitucional se estimarán los recursos de amparo del secretario general de Junts, Jordi Turull, y la exconsellera Dolors Bassa. El resultado serán dos sentencias que sentarán la doctrina para forzar al Tribunal Supremo a amnistiar al resto de condenados y encausados por la malversación del 1-O.
La trayectoria seguida por la ley de amnistía, desde las negociaciones del PSOE con Puigdemont en el extranjero hasta su aplicación por parte de los tribunales, llega a su fin con el pronunciamiento del Constitucional. Una doctrina de puño y letra del presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, cuya ponencia sobre el recurso de Dolors Bassa saldrá adelante este martes.
En el mismo Pleno se aprobará la ponencia del conservador José María Macías que, siguiendo el criterio impuesto por la mayoría progresista del Pleno, avalará la amnistía a Turull. El escrito de Conde-Pumpido, al que accedió 20minutos, marcará el camino al resto de recursos de amparo de los líderes del procés, incluido el de Puigdemont. Con todo, fuentes jurídicas apuntan que el Tribunal Supremo podría decidir amnistiar a todos ellos tras el primer fallo del Constitucional, si consideran que la doctrina es aplicable a todos los encausados y condenados por la malversación de fondos del 1-O.
Mientras Puigdemont permanece a la expectativa de la decisión que tome el instructor del Supremo Pablo Llarena tras el Pleno del Tribunal Constitucional de este martes, el rechazo de su formación a los decretos de vivienda ha dejado la legislatura pendiendo de un hilo.
La trayectoria de la medida de gracia que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y la propia legislatura podrían llegar a su fin de forma paralela, y fuentes jurídicas auguran que el regreso de Carles Puigdemont a España tendrá lugar antes de que acabe el mes.
La ponencia de Pumpido, una enmienda al Supremo
El Pleno del martes pondrá fin asimismo a la pugna que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo mantienen entre sí a raíz de la ley de amnistía. Tras aprobarse la norma en el Parlamento, el Supremo tuvo que interpretar cómo debía aplicarse a los encausados y condenados por el procés. Una de las claves fue la interpretación de la amnistía al delito de malversación, por el que se mantiene investigado al expresident.
La norma precisa qué delitos de malversación son amnistiables en los artículos 1.1 y 1.4. Dice que son amnistiables los actos de malversación tan solo cuando su objetivo fuera "financiar, sufragar o facilitar" el referéndum. Añade que estos actos de malversación no serán amnistiables cuando haya "propósito de enriquecimiento". Y delimita cómo debe entenderse el "propósito de enriquecimiento": es la búsqueda de "un beneficio personal de carácter patrimonial".
El Supremo decidió no amnistiar a los malversadores del 1-O. Argumentó que los líderes independentistas buscaron enriquecerse, en tanto que "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio".
Destinaron fondos públicos "a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria". Disponer de fondos públicos para financiar sus planes supuso para los condenados y encausados por el procés un alivio "de todo gasto personal", estimó el Tribunal Supremo.
Según expone el presidente del Constitucional, Conde-Pumpido, en la ponencia que se aprobará el martes, esta interpretación tiene un sentido "claramente expansivo, opuesto a la finalidad de la norma y contrario al reo". El magistrado considera que la argumentación del Supremo es "impredecible" y, "al apartarse de la finalidad de la ley", no mantiene "el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía".
Por tanto, Conde-Pumpido sentencia que la Sala de lo Penal ha "vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo [Dolors Bassa], en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho". Cuando la ponencia del magistrado se apruebe en Pleno y se convierta en sentencia, obligará a la Sala de lo Penal a amnistiar a Bassa y, probablemente, forzará la amnistía a todo el resto de líderes independentistas condenados y encausados por el Supremo.
Para asegurar que esto ocurra, el presidente del Constitucional no se limita a enmendar la interpretación del Supremo, sino que expone cuál es la "única" interpretación "conciliable" con el "sentido común" y el "espíritu y finalidad" de la ley de amnistía.