El Gobierno se la juega con su decreto de vivienda, que pende de un hilo mientras la calle sube la presión

El desahucio de Maricarmen Abascal provocó un terremoto social que hizo retumbar al Gobierno y elaborar a contrarreloj un decreto —que terminó dividido en dos— con medidas sobre vivienda que incluyen la prórroga de contratos de alquiler, la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y un paquete de medidas fiscales. Las réplicas del seísmo se vivirán este viernes en el Congreso de los Diputados, donde ambos textos serán sometidos a votación en un Pleno extraordinario que pondrá a prueba las alianzas parlamentarias de Pedro Sánchez y marcará un punto de inflexión en la legislatura.

Mientras las fuerzas políticas deciden si apoyan o rechazan los dos decretos, la calle redobla la presión para que el Congreso dé luz verde a las medidas. El Sindicato de Inquilinas, que lideró las movilizaciones desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen y la posterior acampada en Sol, ha reclamado a los grupos parlamentarios que permitan la convalidación de unos decretos que consideran insuficientes pero necesarios. De hecho, planean una posible réplica del 'Rodea el Congreso' de 2012 para exigir que salgan adelante los textos. La clave de la votación reside en el primer decreto, donde el Gobierno ha concentrado las medidas de mayor alcance con concesiones del Ejecutivo a sus socios más conservadores como Junts y PNV en un intento de ampliar la mayoría necesaria para sacarlo adelante.

El Gobierno da por amarrado el apoyo de EH Bildu, ERC, Compromís y BNG, además del respaldo de última hora de Podemos, PNV y CC. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció a primera hora de este jueves que su formación votará a favor de ambos decretos pese a considerarlos insuficientes. "Las migajas" que contienen los textos son "mejor que nada", dijo, para defender que lo más importante para su formación es que la movilización social continúe, incluso haciendo un llamamiento a la huelga general. También el PNV avanzó que dará su apoyo "crítico" al primer decreto "pese a su desastrosa redacción" pero rechazará el segundo, el relativo a la renovación automática de los alquileres. Y con CC, que a última hora del jueves anunció también su voto a favor, todo depende de Junts, que decide en el último momento. Su decisión amenaza con convertirse, una vez más, en el factor determinante para la supervivencia de una de las iniciativas más sensibles del Gobierno en esta legislatura.

Ahora bien, incluso en el escenario más favorable para el Gobierno, las cuentas siguen siendo ajustadas. Con los votos ya confirmados, el decreto del Gobierno cuenta de momento con 172 síes y 171 noes, por lo que ya no haría falta el voto favorable de Junts, sino su abstención. La situación cambiaría por completo si los de Puigdemont se inclinan por el rechazo: el bloque del 'no', integrado por PP, Vox y Junts, alcanzaría la mayoría absoluta con 178 votos y enterraría el paquete de medidas sobre vivienda.

El Gobierno es consciente de lo mucho que se juega en esta votación y prueba de ello es que el presidente, Pedro Sánchez, ha intensificado su presencia en redes sociales durante las últimas 48 horas para tratar de persuadir a los grupos de que una oposición a los textos sería difícil de explicar ante sus propios votantes. El mismo martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó los dos documentos, descargó la responsabilidad sobre las formaciones del Congreso: "Hemos escuchado a la gente, hemos actuado y ahora le corresponde al Congreso de los Diputados hacer su parte", afirmó. Este mismo jueves, horas antes del momento crucial, volvió a elevar la presión con un nuevo vídeo sugiriendo veladamente a Junts y PNV que voten a favor: "Tendrán que decidir a quién protegen: a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas; a los pequeños propietarios o a los fondos buitre", aseveró.

La estrategia de Sánchez pasa por redoblar la ofensiva y presentar la votación que se prevé especialmente tensa como una disyuntiva entre proteger a los inquilinos y pequeños propietarios o alinearse con los intereses del mercado inmobiliario. En este último bloque busca encuadrar a la oposición, que ya ha anticipado su rechazo frontal a los decretos. El PP, que no suele adelantar el sentido de su voto, anunció su 'no' al considerarlo una "trampa" y pensar que, lejos de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, contribuirán a agravarlos. Vox comparte ese diagnóstico y sostiene que las medidas profundizarán en el desequilibrio entre oferta y demanda.

El segundo de los decretos, abanderado por Sumar, contempla la prórroga automática e indefinida de los alquileres y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide rescindir el contrato sin un motivo recogido en la norma, y su convalidación se antoja imposible. Con el voto desfavorable ya anunciado por Junts y el PNV, el texto decae y deja en manos del primer decreto la posibilidad de que el Ejecutivo pueda exhibir algún resultado legislativo en un momento en que la vivienda domina la agenda política y social, con unas movilizaciones que amenazan con prolongarse.