Cuando trabajar no alcanza: 770.000 personas caen en la pobreza tras pagar la vivienda

Para cientos de miles de personas tener un trabajo no garantiza unas condiciones de vida adecuadas, y menos en un contexto de crisis habitacional como el actual. Según un estudio publicado este martes por Oxfam Intermón, después de asumir el gasto mensual que suponer la vivienda 770.000 personas con empleo cruzan el umbral de pobreza —sus ingresos no llegan al 60% de la mediana, lo que indica que disponen de recursos económicos significativamente inferiores a los habituales en el conjunto de la sociedad—, sumándose así a los 2,2 millones de personas que ya se encuentran en esta situación antes incluso de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.

El informe revela que el gasto en vivienda eleva la tasa de pobreza laboral del 11,5% al 15,5%, lo que significa que uno de cada seis trabajadores en España tiene dificultades para mantener unas condiciones de vida dignas una vez costeado el techo bajo el que vive. "Son personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna", explica el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón y autor del estudio, Alejandro García-Gil, que subraya que la vivienda se está convirtiendo en "uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan".

Este empeoramiento de la situación a causa de la vivienda es especialmente notable entre quienes viven de alquiler a precios de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral de estos hogares es ya del 19,35%, pero al descontar el gasto residencial se incrementa hasta el 34,1%, de manera que una de cada tres personas con empleo que viven de alquiler se queda por debajo del umbral de pobreza después de pagarlo. Esta proporción es incluso mayor a la que se registra entre quienes tienen un alquiler por debajo de mercado (31,3%), que suelen ser personas con bajos recursos que habitan en viviendas sociales.

La brecha entre los trabajadores que viven de alquiler y aquellos que son propietarios de la casa en la que residen es significativa. En este segundo grupo, la tasa de pobreza una vez pagada la vivienda es del 10,2% entre quienes todavía tienen hipoteca y del 8% entre quienes ya tienen la casa pagada —en este caso, se computa el pago de impuestos asociados a la propiedad, como el IBI—. "El drama está en quienes viven de alquiler a precio mercado, porque son personas que ingresan muy poquito y, además, están atrapadas en una trampa: como tienen pocos recursos no pueden ahorrar para comprar una vivienda", señala García-Gil, que añade que "si la vivienda está completamente asegurada, la situación económica es más estable" y advierte de que es de esperar que los datos empeoren en próximas ediciones del estudio por el encarecimiento que los alquileres arrastran desde 2022.

El coste de la vivienda también trastoca la fotografía a nivel territorial. Sin tener en cuenta este gasto, la comunidad con mayor tasa de pobreza laboral es Andalucía (17,7%), seguida de Comunidad Valenciana (17%) y Extremadura (16,5%). Sin embargo, al descontar lo que cuesta pagar el alquiler o la hipoteca, donde más empeora la situación es en Madrid y Cataluña. Su tasa de pobreza laboral se dispara del 7,3% al 12,7% y del 7,9% al 12,9% respectivamente. Son precisamente dos de las zonas de España donde más se ha complicado el acceso a la vivienda en los últimos años por la escalada de los precios.

La influencia de Madrid impacta especialmente en el mercado del alquiler de las comunidades limítrofes. Castilla y León (50,7%) y Castilla-La Mancha (48,7%) se encuentran entre las zonas con tasas de pobreza laboral más elevadas entre los inquilinos, una vez pagada la vivienda. Desde Oxfam Intermón lo achacan a la existencia de ciudades dormitorio donde la presión sobre la vivienda está aumentando por la llegada de población que trabaja en Madrid.

Un problema cronificado

El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, subraya que la emergencia habitacional ahonda un problema de desigualdad "cronificada" que España ya arrastra desde hace tiempo. En los últimos tres años para los que hay datos disponibles, la tasa de pobreza laboral apenas ha descendido 0,16 puntos porcentuales —del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024—, mientras que el PIB ha crecido más de un 6%. La brecha entre crecimiento económico y bienestar de los hogares es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%).

Desde Oxfam Intermón apuntan a que esa falta de correlación se debe, entre otros factores, a que parte de los empleos que se están creando y que están sosteniendo el crecimiento de la economía española no son de "gran calidad". Y es una realidad a la que están más expuestas las personas inmigrantes. De hecho, en dos años la tasa de pobreza de los trabajadores de fuera de la Unión Europea afincados en España ha subido del 29,5% al 31,4%, mientras que entre los españoles y los europeos ha descendido.

"Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente", recalca García-Gil. "Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda, se crea un cóctel de miseria donde se entrecruzan la pobreza laboral y los elevados costes residenciales hasta asfixiar económicamente a cientos de miles de hogares", añade, remarcando la necesidad de abordar conjuntamente las políticas de empleo y de vivienda para combatir la pobreza.

En materia de empleo, Oxfam Intermón reclama blindar por ley las subidas del salario mínimo para los trabajadores con peores salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, pero también reforzar la negociación colectiva para llegar a las clases medias y desatascar el Estatuto del Becario para proteger a los más jóvenes. Del lado de la vivienda, destacan que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno abren una "oportunidad" para cambiar el rumbo de las políticas, pero advierten de que el problema estructural. En ese sentido, García-Gil reclama un cambio que "anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler y ofrezca seguridad jurídica a las personas que son pequeñas propietarias que arriendan sus casas a precios asequibles".